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Si algo caracteriza al sueco, y al idílico sistema social perpetuado de
forma increíble, es la capacidad de síntesis. Una extraña manera de ver la
vida, de entender la democracia, que logra fundir armónicamente las maneras comunistas
con los derechos liberales sin levantar por ello un mínimo trastorno. Sólo así
se explican los métodos sociales que atraen a politólogos de medio mundo. La
caída de los niveles de prostitución es un buen ejemplo.
La tradicional neutralidad de los gobiernos ha convertido a Suecia en un paraíso de la libre circulación, con una flexibilidad tal en sus
fronteras que es imposible caminar por una calle de Estocolmo sin escuchar al menos un par de idiomas que no sea el sueco. Ello implica,
por supuesto, que el tráfico de seres humanos sea más sencillo que en otros
países europeos y la prostitución sea difícil de atajar. En Finlandia, otro Estado de rigor democrático, se estima que cerca de 20.000 mujeres
son víctimas del tráfico sexual durante el año, lo que contrasta
espectacularmente con las 300 que ostentan los vecinos suecos, a pesar de que
hace una década las cifras eran similares que las manejadas en el país
finlandés.
Son víctimas
Suecia ha logrado anular de tal forma los índices de la prostitución en las
calles de sus ciudades que sorprende a cualquiera por su ingenuidad. Si hasta
el momento la prostituta era la culpable principal del acto delictivo y el
cliente un mero trasgresor moral, el gobierno sueco dio la vuelta a la tortilla
e introdujo en 1999 una ley en donde la máxima principal es: «la prostituta es
una víctima que necesita ayuda y el cliente un explotador que debe ser
castigado». O lo que es lo mismo, se penaliza la compra de servicios sexuales y
se despenaliza la venta de ellos. Sin más. La norma indica que en Suecia la
prostitución es considerada como un aspecto de la violencia masculina contra
mujeres, niñas y niños, por lo que la igualdad de género continuará siendo
inalcanzable «mientras los hombres los compren, vendan y exploten
prostituyéndoles». Por esa misma razón se comprende que el simple hecho de
contratar los servicios de una prostituta es considerado como malos tratos. El gobierno ha decidido cortar el bacalao por donde más duele y penalizarlo
en el mismísimo Código Penal. Y no es una frase hecha: torsk (bacalao, en sueco) es la denominación que
recibe el hombre que desea contratar servicios sexuales y que, tras la ley, se
convierte además en un delincuente. La pena es de cárcel por un mínimo de dos
años y un máximo de diez. El intento, la preparación y la conspiración para
realizar la trata de seres humanos con fines sexuales, así como el hecho de no
denunciar tal delito, no sólo son también punibles, sino más castigados
incluso.
Policía
A pesar de todo, la iniciativa a punto estuvo de fracasar los primeros
años, cuando los resultados eran desalentadores. Nada parecía cambiar en
Suecia, para satisfacción de aquellos que lo pronosticaban, hasta que la policía se concienció
completamente del problema y entendió la filosofía de la normativa. Los agentes
recibieron la formación necesaria para tomárselo en serio, mientras las propias
prostitutas que decidían dejarlo tenían acceso a importantes fondos económicos
aportados por el Gobierno sueco.
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| La policía sueca, más formada sobre la trata de mujeres / svd |
Lo cierto es que un buen sueco no sólo rehúsa solicitar un servicio sexual
de pago, sino que repele cualquier tipo de indicio delictivo. Quizás sea porque
los ciudadanos poseen un compromiso con el Estado tan estrecho que nada puede transgredirlo.
Y mucho menos las leyes. Basta que lo diga "Papá Estado" para
aceptarlo con orgullo, sea cual fuere el color del gobierno. Hay quien opina que el sensacional desarrollo de la sociedad del bienestar
de la que gozan los países nórdicos propicia que se discutan asuntos que bien
parecerían banales en otras latitudes. También es cierto que la cultura de la
discusión y el orden está tan enraizada en Escandinavia que a nadie le
sorprende que diariamente se aborden con pasión temas variopintos, que todo el
mundo enriquece con opiniones y postulados de difícil consenso general.
¿Hipocresía o justicia social?
Pero una cosa es la teoría y otra la práctica. Suecia –al igual que
cualquier país de su entorno, admitámoslo- intenta conciliar una doble moral entre
lo que se ve y lo que esconde. ¿Quiere decir, por lo anteriormente descrito,
que en Suecia existe un rechazo en bloque sobre la prostitución? Ni mucho
menos. Nadie defenderá la compra de sexo, por supuesto, pero nada impide que,
de una forma u otra, con mayor o menor dificultad, un individuo pueda negociar
los servicios de una prostituta. Sin embargo, el debate permite que emerja otra
pregunta: ¿deben ir las leyes por delante de la sociedad o debe ser ésta, en un
alarde de convivencia, quien marque las pautas de lo que está bien o mal? No se
puede negar que, sobre este espinoso asunto, Suecia ha sido valiente y ha
rescatado de la oscuridad un drama contaminado por tanta hipocresía. Y una cosa
es cierta: al contrario que otros estados de la Unión Europea (les aseguro que
no hará falta echar mucho la vista al horizonte) lo que está marcado por la ley
es indiscutible. Es decir: claro que existen siempre personas dispuestas a
violar la ley, pero, a diferencia de esos otros países (¿ya se ha percatado
usted de cuáles, querido lector?), a nadie se le pasa por la cabeza
vanagloriarse de haber infringido la norma, puesto que es en ese momento cuando
la sociedad (“Papá Estado”) reprime cualquier intento de regatear semejante
escarceo. Los conocidos como “bares de alterne” simplemente no existen.
¿Disfraz social o justicia general ? ¿Que no se vea la prostitución significa
que no exista o es, al contrario, una buena forma de convertir en anormal algo
que hasta ahora no lo era? ¿Mejor prohibir la prostitución o es preferible
incluirla en el régimen de autónomos para que, “ya que no se puede evitar”, al
menos el Estado pueda sacar provecho y exista una cobertura legal de las
mujeres? Vivimos en el siglo XXI, y el debate sigue abierto.


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